No es algo nuevo que los países deseen tener y de manera legítima el control de sus recursos naturales, y de aquellos rubros que pueden generar ingresos para las arcas del Estado, haciendo posible así, el contar con los suficientes recursos económicos para hacer carreteras, implementar políticas adecuadas de salud y educación, asistir a su población generando fuentes de empleo, y protegiendo a sus ciudadanos mayores con pensiones dignas que les permitan una vejez digna, además de garantizar el acceso a servicios básicos a precios razonables y en condiciones apropiadas.
Algunos dignatarios de Estado, presidentes de América latina particularmente, han decidido que no importando los medios, ellos están obligados a “recobrar” para sus Estados esas fuentes de riqueza, ya sean empresas que explotan recursos naturales, empresas que participan en generación o distribución de electricidad, agua, comunicaciones, y cualquier otro que se consideren importantes en la economía de un país. Ese mecanismo, guardando las formas que exigen las normas internacionales, ha sido la nacionalización, a veces pantalla para una verdadera confiscación.
El caso boliviano al comenzar el siglo XXI y con el gobierno de Evo Morales, parece ser el ejemplo más palpable de lo que son quién sabe buenas intenciones pero resultan estar completamente disociadas de sus efectos reales.
Bolivia está dentro de los países latinoamericanos con más pobreza, bajos ingresos, desigualdad, exclusión y escasa inversión.
Los gobiernos anteriores al de Evo Morales, se empeñaron en tratar de mantener un clima favorable a las inversiones, para aquello no sólo proporcionaron leyes acordes, sino que diseñaron mecanismos, a veces mal ejecutados, que tendieron a traer inversión extranjera, la llamada capitalización. Aunque la capitalización no tuvo los mecanismos necesarios para garantizar que las inversiones realizadas en las empresas llamadas capitalizadas, como Entel –empresa de telecomunicaciones-, YPFB –hidrocarburos- y otras, con mayor o menor éxito según el caso, proporcionaron al inversor extranjero la señal necesaria para ver a este país como un posible destino para las inversiones.
Sin embargo, el gobierno de Evo Morales, desde que éste asumió el poder desde el año 2006, y dada su inclinación a seguir el modelo de su homólogo venezolano Hugo Chávez, las enseñanzas cubanas y el entorno de izquierda que lo rodea, inicia un proceso continuo de nacionalizaciones restituyendo al dominio del Estado varias empresas previamente nacionalizadas o en manos del sector privado.
Más allá de que las intenciones puedan ser en su entender justificadas con relación a las nacionalizaciones que viene realizando, lo cierto y evidente es que el Estado boliviano comienza a sentir los efectos de las mismas. Casi la totalidad de las empresas que se han sentido afectadas por estas nacionalizaciones, le han planteado en tribunales internacionales, procesos arbitrales que le van a costar muy caro.
Basta con leer algunas noticias como las reflejadas en los enlaces que están a continuación para darse una idea de la magnitud del desastre económico que le puede sobrevenir a la siempre débil economía boliviana.
Aquí algunos de esos enlaces:
http://www.argenpress.info/2010/05/enfrenta-bolivia-arbitrajes-por.html
http://www.laprensa.com.bo/noticias/16-02-10/noticias.php?nota=16_02_10_nego1.php
http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/economia/20100427/pan-american-inicia-arbitraje-contra-bolivia_67974_124586.html
http://www.revistalex.com/bolivia-bolivia-enfrenta-dos-arbitrajes-con-quiborax-y-eti/
http://www.reuters.com/article/idARN1318281520100513
http://www.ernestojustiniano.org/2010/02/el-gobierno-de-bolivia-busca-defensores-para-tres-arbitrajes-internacionales/
Así el panorama, empresas como Pan American Energy, Euro Telecom Internacional N.V., Oil Tanking GMBH, Graña y Montero S.A., Graña y Montero Petrolera S.A., Rurelec PCL, GDF Suez y Quiborax son sólo algunas de las empresas que ya han iniciado trámites para procesos arbitrales pidiendo en todos ellos la indemnización que consideran justa por las llamadas nacionalizaciones del gobierno de Morales.
Llama la atención el saber el gobierno, tuvo incluso la necesidad de crear un ministerio para defenderse de estos procesos, el Ministerio de Defensa Legal del Estado que se ha visto además obligado a convocar a consorcios jurídicos internacionales para defender a Bolivia de las demandas que se le están interponiendo. Defensas que además de resultar caras demorar bastante tiempo, resultarán, en la mayoría de los casos, en laudos arbitrales desfavorables, consiguientemente se prevé que en el futuro haya que destinar cuantiosos montos de dinero simplemente para hacer frente a esas obligaciones.
Otro efecto negativo que están teniendo las nacionalizaciones, es obviamente el desincentivo hacia el capital extranjero y el nacional para realizar actuales y futuras inversiones en casi cualquier rubro que resulte potencialmente atractivo para el gobierno de Morales. En los hechos, y como puede constatarse en diferentes medios de comunicación, la inversión extranjera en el país sudamericano ya ha caído estrepitosamente en estos últimos años.
En definitiva, nacionalizaciones con futuro incierto para las empresas nacionalizadas mismas que tendrán un alto costo para los bolivianos, ya sea pagando los procesos arbitrales y lo demandado por las empresas nacionalizadas, asociado esto con la caída de las inversiones extranjeras y nacionales en el país.
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